Tras la decisión de un juez de control de garantías de Barranquilla (Atlántico) que se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra Juan Pablo González Rosales, representante legal de la empresa JPG & CIA, por su presunta responsabilidad en delitos contra el orden económico y social en Quindío, la Fiscalía interpuso recurso de apelación, puesto que había solicitado la detención intramuros.
El ente acusador le imputó cargos al procesado, quien fue capturado en Barranquilla el pasado 11 de marzo, por concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en concurso heterogéneo sucesivo y simultáneo con administración desleal, falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, con circunstancias de mayor punibilidad por tratarse de dineros de uso público.
Según los reportes judiciales en el año 2014, la empresa Injomar, que solo tenía el 0.01 % de las acciones de Multipropósito SAS ESP de Calarcá, operador de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, adquirió el 60% por medio de un crédito concedido por un grupo constituido por tres empresas. Así, ese mismo grupo empresarial prestó una suma de $2.400 millones a Injomar por un término de un mes, pero el pago no fue saldado.
