El Gobierno de Gustavo Petro presentó formalmente este jueves al Congreso la solicitud para una consulta popular, buscando que la plenaria del Senado autorice llamar a la ciudadanía a votar sobre 12 preguntas diseñadas para aprobar la reforma laboral que previamente fue archivada al no superar el debate en la Comisión Séptima.
El Congreso no puede alterar las preguntas, solo decidir en un plazo máximo de 30 días si aprueba o no la convocatoria a las urnas, requiriendo para ello una mayoría simple. Si el Senado rechaza la consulta, esta no se realizará, pero si omite pronunciarse dentro del término legal, el presidente Petro podrá convocarla por decreto.
Tras el acto de radicación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió al Senado contra la “torpeza” de negar al pueblo la posibilidad de expresarse sobre un asunto vital para 25 millones de trabajadores, criticando la “mezquindad” de quienes bloquearon la reforma original.
Se confirmó también que se realizaron ajustes menores en la redacción de algunas preguntas respecto a la propuesta inicial, como la especificación del horario de la jornada diurna (6 am a 6 pm) y la inclusión de garantías de seguridad social y flexibilidad contractual para trabajadores de plataformas digitales.
