El Gobierno Nacional anunció este martes 30 de diciembre la elaboración de un decreto administrativo que busca suprimir la prima de servicios que reciben los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. La medida surge en medio de una fuerte controversia por el reciente reajuste salarial del legislativo y se ampara en un fallo de la Corte Constitucional.
De acuerdo con la información oficial, la decisión se fundamenta en una sentencia del alto tribunal que establece que este tipo de bonificaciones no tienen un carácter obligatorio o forzoso para el Poder Ejecutivo. Bajo esta premisa, el Gobierno argumenta que existe la facultad legal para retirar este beneficio, motivado principalmente por la percepción de que la remuneración actual de los legisladores es desproporcionada frente a la realidad económica del país.
El debate sobre los honorarios de los congresistas se intensificó tras las declaraciones del senador Antonio Correa (Partido de la U), quien confirmó que en 2025 el salario mensual de un parlamentario aumentó $3 millones de pesos, pasando de $48 millones a $52 millones.
Aunque la reducción del salario de los congresistas es un tema recurrente en la agenda pública colombiana, esta es la primera vez que el Ejecutivo utiliza una sentencia judicial como soporte técnico para eliminar un componente específico de la remuneración sin depender exclusivamente de una reforma constitucional en el Congreso, donde históricamente este tipo de iniciativas han naufragado.
Se espera que el decreto sea firmado y publicado en los próximos días, lo que marcaría un precedente en el reordenamiento de los gastos de representación del Estado para el periodo 2026.
