La Superintendencia Nacional de Salud lideró durante dos días en Armenia una Mesa Técnica de Inspección y Vigilancia – Flujo de Recursos con la red hospitalaria de mediana y alta complejidad de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, alcanzando compromisos de pago que superan los $35.000 millones.
Paula Andrea Arenas, superintendente delegada de entidades de aseguramiento, explicó que hasta el momento se han desarrollado alrededor de 160 mesas, en las que se han logrado acuerdos que permitirán dinamizar el flujo de recursos dentro del sistema de salud de estos departamentos.
En el Quindío, uno de los avances más relevantes se dio con la clínica Sagrada Familia, que llevaba varios días sin poder prestar servicios. Gracias a un acuerdo con la EPS SOS, se espera la reapertura de la atención. También con el hospital San Juan de Dios se concretaron compromisos de pago que buscan mejorar su situación financiera.
Frente a la situación de la Nueva EPS, Arenas reconoció que la entidad atraviesa por una coyuntura difícil, pero resaltó que se están adelantando mesas adicionales especiales para garantizar recursos corrientes y estabilizar los pagos a los prestadores. “Lo que buscamos es que la prestación del servicio no se vea afectada”, aseguró.
La funcionaria subrayó que el gobierno nacional también está trabajando en medidas estructurales para garantizar el flujo de recursos, aunque advirtió que las EPS hoy no cuentan con reservas técnicas que les permitan cubrir servicios ya prestados. Por eso, el enfoque actual está en asegurar los giros corrientes.
Arenas insistió en la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud, recordando que en el Quindío el 70% de los casos termina en la red complementaria cuando podrían resolverse en el primer nivel. “Nuestro modelo de salud debe ser preventivo, predictivo y resolutivo”, enfatizó.
Finalmente, aclaró que los acuerdos alcanzados en estas mesas tienen carácter vinculante y contemplan sanciones en caso de incumplimiento. La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento estricto y la Superintendencia, a través de la Delegada de Investigaciones Administrativas, también puede imponer sanciones cuando sea necesario.
