La Procuraduría General de la Nación acusa a Diana Patricia Muñoz García, ex supervisora de un contrato entre la Alcaldía de Filandia y el consorcio Pavimentos Asfálticos-Quindío, de irregularidades en la aprobación de pagos por más de $60 millones. Por tal razón el ente investigador le formuló pliego de cargos.
La Procuraduría Provincial de Armenia alega que Muñoz García, actuando como funcionaria pública, autorizó pagos que debían ser responsabilidad exclusiva de la Alcaldía, causando un presunto daño al patrimonio público. Estos pagos, dos en 2020 y cuatro en 2022, fueron a favor del contratista.
La Procuraduría considera que la conducta de Muñoz García viola los principios de moralidad, eficiencia e imparcialidad, calificando provisionalmente la falta como gravísima y cometida por culpa grave.