La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al rector de la Universidad del Quindío, José Fernando Echeverry Murillo, por presuntamente no excluir del personal a los servidores que perdieron los derechos de carrera administrativa, y mantener algunos de ellos hasta por nueve años.
La Regional de Instrucción del Quindío indicó que el funcionario, quien también ejerce como presidente de la Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa, habría presentado información errónea para la creación del registro interno del sistema de la institución educativa, lo que permitió la expedición de un acuerdo que no tendría validez.
El Ministerio Público sostuvo que probablemente el investigado desconoció la normatividad de la carrera administrativa, por lo que se pudo configurar una ilicitud sustancial al infringir las disposiciones legales a las que estaban obligados, y otorgarle derechos al personal que no habían sido adquiridos por méritos.
Por la misma razón se profirieron cargos a otros funcionarios implicados en la presunta comisión de la conducta, calificada de manera provisional por la Entidad como falta grave a título de culpa gravísima.
