Una mesa de moralización, convocada por la gobernadora encargada Amanda Tangarife, reunió este miércoles a representantes de alcaldías, entes de control y gerentes de instituciones de salud para abordar la grave emergencia hospitalaria que enfrenta el departamento. El objetivo: buscar soluciones urgentes ante el colapso de servicios médicos derivado de la alerta roja declarada.
El secretario de Salud departamental, Carlos Alberto Gómez, advirtió que la falta de giros por parte de Nueva EPS ha paralizado parcialmente a centros como la Clínica La Sagrada Familia, el Hospital San Juan de Dios y la Clínica San Rafael, afectando su capacidad operativa y financiera. Según el funcionario, el análisis reveló deudas críticas que impiden garantizar atención oportuna, medicamentos y referencias de pacientes.
Desde la Contraloría, Héctor Alberto Marín —presidente de la Comisión Regional de Moralización— calificó la situación como un problema de dignidad humana, pues más del 45% de los afiliados a Nueva EPS en el Quindío denuncian falta de servicios y desabastecimiento de medicamentos tras el cierre de instituciones por impagos. Como medida inmediata, se anunció una mesa técnica los días 11 y 12 de septiembre con la Superintendencia de Salud y la interventora de la EPS, para exigir el pago de deudas pendientes y restaurar el acceso a la salud de miles de quindianos.
