Este miércoles, el Senado aprobó en segundo debate una reforma a la Ley 30 que busca modificar la financiación de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas en Colombia. La discusión ahora pasará a la Cámara de Representantes para otros dos debates.
El senador Pedro Flórez (Pacto Histórico) informó que la propuesta fue aprobada con algunas modificaciones, resultado de discusiones en una subcomisión. Se incorporaron proposiciones de varios partidos, y el Ministerio de Hacienda emitió un concepto fiscal positivo, asegurando que hay espacio para financiar la propuesta.
Uno de los puntos clave del debate fue la “base presupuestal”, el monto mínimo garantizado para las universidades. Aunque la mayoría de los congresistas concuerdan en la necesidad de aumentar el presupuesto, la división radica en cómo hacerlo y los indicadores para controlar los recursos. El senador Guido Echeverri (En Marcha) señaló que los recursos adicionales deben aplicarse con indicadores como la ampliación de cobertura, bienestar universitario e investigación, para mejorar la educación superior.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, celebró la aprobación en el Senado, calificándola como una “victoria del movimiento estudiantil y la juventud colombiana” que comenzará a cerrar el déficit de financiación. La senadora Paloma Valencia, por su parte, expresó preocupación por la situación fiscal del país, argumentando que no permite comprometer los recursos propuestos.
La reforma propone modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Para el artículo 86, se plantea un nuevo Índice de Ajuste, donde el presupuesto base de las universidades se actualizará anualmente con el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) calculado por el DANE. Esto corregiría el desfase actual con el IPC, ya que los costos operativos de las universidades crecen un 9% anual, mientras que el presupuesto base solo se ajusta un 4% por el IPC, generando un déficit estructural del 5%.
En el caso del artículo 87, la reforma busca que los aportes adicionales de la Nación se incrementen en un porcentaje no inferior al 70% del crecimiento real del PIB, frente al 30% actual. La representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) enfatizó que esta reforma es “técnica” y corrige un “error de voluntad política”, ya que las universidades necesitan que su presupuesto crezca al ritmo de sus costos reales (9%), no al de la inflación general (4%).
