El proceso de paz con el ELN, iniciado en noviembre de 2022, ha sido suspendido por el Gobierno Nacional tras el reciente atentado terrorista en Arauca. El ataque, realizado el 17 de septiembre en la base militar de Puerto Jordán, resultó en la muerte de dos soldados y dejó a 25 heridos, cinco de ellos en estado crítico. Este acto ha sido el más grave en los 22 meses del proceso de diálogo, generando un aumento significativo en la tensión y la incertidumbre.
En respuesta al ataque, el gobierno ha declarado la suspensión del proceso de paz, señalando que la viabilidad del mismo está “severamente lesionada”. La delegación del Ejecutivo ha exigido un gesto claro de voluntad de paz por parte del ELN para considerar una posible reanudación de las negociaciones. Este gesto podría incluir un cese unilateral al fuego, pero hasta ahora el grupo guerrillero no ha mostrado disposición a retomar los diálogos, a pesar de las insistencias del gobierno.
El presidente Gustavo Petro calificó el atentado como una acción que “cierra el proceso de paz con sangre”, una afirmación que se convirtió en la base de la decisión oficial del gobierno. La reacción del país ante el ataque ha sido de indignación, con llamados a una respuesta firme contra el ELN por parte de diversos sectores.
La suspensión de este proceso de paz, que había sido uno de los principales enfoques de la estrategia de paz del gobierno de Petro, recuerda a eventos similares del pasado, como el atentado de 2019 a la Escuela de Cadetes General Santander, que también llevó a la ruptura de negociaciones. El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha anunciado una ofensiva militar contra el ELN, reafirmando el compromiso del gobierno con la seguridad y la paz del país.
Aunque la posibilidad de retomar las negociaciones no se descarta completamente, la situación actual presenta retos significativos para la reactivación del diálogo con el ELN, en un contexto donde la seguridad y la estabilidad son cada vez más prioritarias.
