Un demoledor informe de la Contraloría General de la República revela que la alimentación de los niños más vulnerables está siendo saqueada. Entre retrasos en el inicio del calendario escolar y el uso indebido de regalías, el departamento y su capital enfrentan una crisis de transparencia que se extiende por todo el país.
Mientras miles de niños en el Quindío asisten a clases con la esperanza de recibir el que, para muchos, es su único plato de comida al día, los entes de control han puesto al descubierto una realidad indignante, la alimentación escolar en la región está bajo sospecha.
La situación en el departamento es crítica por dos frentes. En primer lugar, la Contraloría identificó hallazgos con presunta incidencia fiscal que suman $28.863 millones relacionados con el manejo de recursos provenientes del Sistema General de Regalías. El Quindío aparece en la lista negra junto a Nariño y Meta por deficiencias graves en todas las etapas contractuales y, lo más grave, por el incumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales.
Pero el problema no es solo el manejo del dinero, sino la oportunidad del servicio. Armenia ha sido señalada como una de las ciudades donde el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no inició a la par con el calendario escolar de 2026. Esta demora deja a miles de estudiantes en la capital quindiana desprotegidos, afectando directamente la permanencia académica y la seguridad alimentaria en los barrios más necesitados.
Al ampliar el lente hacia el resto de Colombia, la magnitud de la irregularidad es sistémica. La Contraloría ha detectado un posible detrimento patrimonial total de $53.117 millones a través de 40 actuaciones de control fiscal.
El modus operandi del desfalco se divide en sobrecostos por $18.106 millones en precios inflados. Pagos sin soporte de $2.790 millones entregados a contratistas sin pruebas de ejecución. Fallas contractuales de $2.706 millones por contratos mal diseñados o ejecutados y el incumplimiento nutricional con $649 millones en raciones que no cumplen con lo que los niños necesitan para crecer sanos.
Regiones como Centro Oriente (con Soacha a la cabeza) y departamentos como Nariño —donde se halló la irregularidad más alta por $23.549 millones— muestran que el programa se ha convertido en una estructura de costos que favorece al contratista y no al estudiante.
Más allá de los números y los términos legales como “incidencia fiscal”, la realidad es humana. En 2024, 3,9 millones de menores no tuvieron acceso efectivo al PAE. A nivel nacional, la meta de cobertura universal para 2026 sigue siendo un sueño lejano, con un déficit de 1,2 millones de niños que aún no reciben el beneficio.
