En la sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, se llevó a cabo la audiencia pública en contra de Carlos Eduardo Osorio Buriticá gobernador del Quindío, por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad y la línea 123.
El gobernador no se hizo presente en la audiencia adelantada por el ministerio público, por lo fue representado por sus abogados. Según la investigación, el mandatario habría adjudicado el contrato de una manera directa obviado el debido proceso de licitación pública, beneficiado a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutar el proyecto. Según el ente de control, la empresa que se le otorgó el contrato habría subcontratado a un tercero, ante la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato.
Este contrato tenía un valor de $2.360 millones. Dentro del proceso también están involucrados Héctor Alberto Marín Ríos que para la fecha de los hechos era funcionario de la gobernación del Quindío y en la actualidad se desempeña como coordinador del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, Juliana Hernández Henao directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana, y el gerente y representante legal de la ESU, David Viera Mejía. Finalizando la tarde se suspendió la audiencia y se reanudará el próximo 4 de octubre
