La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre cuatro inmuebles rurales y un establecimiento de comercio, cuyo avalúo supera los 9.000 millones de pesos.
Se trata de predios que pertenecerían a los integrantes de una red delictiva señalada de explotar sexualmente con fines comerciales a menores de edad.
Dichas propiedades corresponderían a moteles y otro tipo de bienes ubicados en inmediaciones de Armenia y Montenegro, en los que, al parecer, se ejercieron las actividades ilegales con adolescentes.
Las personas involucradas en los hechos son Nubiola de Jesús Valencia Mejía y Andrés Cadavid Montaño Hernández quienes vienen siendo investigados por delitos de demanda sexual con menores de 18 años de edad, proxenetismo y concierto para delinquir.
Los inmuebles afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para su administración.
