La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), una entidad crucial del Ministerio de Hacienda, se encuentra en el centro de una polémica por su aparente transformación de una institución técnica a un bastión político. Esta situación ha sido revelada por una investigación de la Revista Cambio, que destaca varios puntos críticos.
Luciano Grisales Londoño, exrepresentante a la Cámara por el Quindío, es el primer político en dirigir la UGPP, con un salario que puede alcanzar los $37 millones mensuales. Este cambio en el perfil directivo ha generado controversia.
Además, se han realizado nombramientos cuestionados en la UGPP, con la designación de personas sin experiencia en temas pensionales en cargos directivos. Muchos de los nuevos funcionarios tienen conexiones políticas, especialmente con el exsenador Julián Bedoya, incluyendo a Jorge Alberto Isaza Garay y exfuncionarios de la alcaldía de Medellín.
Las contrataciones también han sido motivo de controversia, ya que se han evitado licitaciones públicas en favor de contratos interadministrativos. Un ejemplo es el contrato de gestión documental por $25,000 millones adjudicado directamente a Rotorr de Innovación.
El impacto presupuestario de estas decisiones es significativo, con un aumento en el rubro para nómina de $90-95 mil millones en años anteriores a $145 mil millones en 2024, representando casi la mitad del presupuesto total de la entidad ($289 mil millones).
Ante las críticas, el director Grisales argumenta que solo el 5% de los cargos son de libre nombramiento y defiende los cambios como parte de una nueva visión gubernamental. Asegura la idoneidad de sus nombramientos y la legalidad de las contrataciones realizadas.
Sin embargo, estas prácticas han generado preocupaciones significativas entre los funcionarios, algunos de los cuales han renunciado por desacuerdos con las nuevas directrices. Las denuncias también han llegado hasta la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, y han surgido llamados para solicitar la renuncia de Grisales y su equipo directivo.
Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión de entidades técnicas en el contexto de cambios políticos, y sobre el equilibrio necesario entre experiencia profesional y confianza política en cargos públicos clave.
