El proceso judicial contra Ciro Ramírez, exsenador vinculado al caso de corrupción del Departamento de Prosperidad Social (DPS), avanza en la Corte Suprema de Justicia. Ramírez, en su primera intervención, negó categóricamente las acusaciones y dirigió sus señalamientos hacia figuras políticas del Quindío, específicamente el exgobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas y el actual gobernador, Juan Miguel Galvis Bedoya. Según sus declaraciones, ellos habrían sido los verdaderos gestores del polémico convenio entre Proyecta Quindío y el DPS.
La defensa de Ramírez se basa en las declaraciones del testigo Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío, quien en un inicio, según el exparlamentario, señaló a Jaramillo como el responsable de las gestiones realizadas en Bogotá para concretar el convenio. Ramírez indicó que él no tuvo injerencia en esos procesos y que no existe prueba alguna que lo vincule. Además, aseguró que no tenía ninguna relación con los funcionarios implicados ni con los municipios mencionados en el caso.
El excongresista subrayó que toda esta controversia se originó antes de su campaña para las elecciones legislativas de 2022, añadiendo que en ese período no visitó el departamento del Quindío. A su vez, Ramírez destacó que Herrera cambió su versión cuando fue detenido, lo cual generó dudas sobre la autenticidad de las acusaciones que ahora pesan sobre él.
Mientras el juicio avanza, la situación de Herrera sigue generando controversia, ya que goza de un principio de oportunidad que suspende temporalmente las acciones penales en su contra. Aunque no se encuentra en prisión, se mantiene bajo una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Ante esta situación, la Procuraduría ha pedido que el exgobernador Jaramillo Cárdenas sea vinculado formalmente al proceso judicial, abriendo una nueva arista en este caso de corrupción.
