El Senado dio luz verde en el sexto debate a una reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), el sistema de transferencias mediante el cual el Gobierno envía recursos a los municipios, departamentos y territorios indígenas, principalmente para educación, salud, y saneamiento básico. La medida, considerada como una de las más significativas de este periodo legislativo, establece un incremento gradual en los recursos que reciben las regiones, un proceso que arrancará en 2027 con el objetivo de alcanzar un 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de 12 años.
La reforma modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución y, aunque la propuesta inicial contemplaba un porcentaje de 46,5 % en un plazo de 10 años, se decidió reducir ambas cifras tras recomendaciones de expertos y entidades como ANIF, Fedesarrollo y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que alertaron sobre riesgos fiscales. Con el ajuste a 39,5 % y el plazo extendido, los promotores confían en un avance fiscalmente responsable. En palabras de Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, “la transición será gradual y controlada, permitiendo que el crecimiento en las transferencias sea sostenible dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
El proyecto también incluye medidas para asegurar una implementación ordenada. Por ejemplo, se exige una ley de competencias que definirá en qué se gastarán los recursos adicionales, una condición impulsada por el Ministerio de Hacienda. Además, se añadieron metas específicas en educación preescolar y superior, con una visión centrada en el cierre de brechas entre regiones.
Aunque la reforma continúa generando debate, especialmente por las preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal, sus promotores defienden su importancia para avanzar en la descentralización efectiva, un compromiso consagrado en la Constitución de 1991. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defensor del proyecto, expresó que esta es una oportunidad histórica para dotar de mayores recursos a las regiones y fortalecer el Estado en los territorios, donde los ciudadanos enfrentan con mayor intensidad los desafíos de la violencia y la pobreza.
