Una nueva disputa por el uso del espacio público se ha generado en Armenia, esta vez protagonizada por 49 vendedores informales ubicados bajo los puentes de la calle 26, en el sector conocido como La Palomera, quienes denuncian haber recibido una notificación de desalojo.
José Aladiera Cubero Banegas, líder de los comerciantes, aseguró que la situación genera profunda preocupación entre los que trabajan allí, quienes hace cerca de siete años fueron reubicados en este sector luego de ser retirados de otras zonas de la ciudad. “En ese entonces la reubicación fue autorizada por el exalcalde José Manuel Ríos, el entonces secretario de Gobierno Jaime Cotrino y el secretario de Desarrollo, Juan Carlos Patiño. Inicialmente nos ubicaron en la Media Torta, pero allí no pasaba nadie, fue un fracaso total y prácticamente estábamos muriendo de hambre”, afirmó.
Luego de una concertación, los vendedores fueron trasladados al sitio donde actualmente trabajan. Según Aladiera, el lugar era un foco de inseguridad, “un antro y atracadero”, que cambió por completo con la presencia de los comerciantes. “Nosotros lo limpiamos, dimos seguridad, y con nuestros negocios empezamos a sobrevivir. Pero ahora nos piden salir de allí sin tener en cuenta lo que hemos construido”, recalcó.
La notificación de desalojo fue emitida el pasado 28 de abril, con plazo hasta el 8 de mayo. La administración local ofreció como alternativa locales en el Centro Comercial del Café, pero los comerciantes afirman que estas condiciones son inviables. “Son espacios muy pequeños, y las políticas de la Edua para acceder a esos locales nos excluyen: exigen codeudores con finca raíz, depósitos de dinero, y no calificamos. Además, nosotros vendemos ropa y calzado de segunda, no encajamos al lado de comerciantes de ropa nueva”, explicó el vocero.
Jason Arbeláez Aguirre, otro de los vendedores, también expresó su inconformidad. “Nos están vulnerando el derecho al trabajo, no hubo socialización ni diálogo, simplemente nos dijeron ‘váyanse’. Nosotros hemos estado más de cinco años ahí, pasando frío, luchando cada día. No nos permiten mejorar los puestos, pero sí nos exigen irnos como si no valiéramos”, señaló.
Por su parte, Soraida Franco, también comerciante, hizo un llamado a la administración municipal para que reconozca la situación social de quienes dependen de estos negocios. “Somos padres y madres cabeza de hogar, personas mayores de 50 años que ya no conseguimos empleo fácilmente. Lo que pedimos es voluntad política y una solución concertada”, enfatizó.
Desde la administración municipal, se confirmó que el proceso de desalojo fue suspendido motivado por una acción de tutela interpuesta por un comerciante del sector, quien alegó vulneración de sus derechos. En respuesta, la Alcaldía pausó temporalmente cualquier procedimiento de desalojo hasta que un juez tome una decisión. “Somos respetuosos de las garantías y derechos. En este momento estamos a la espera del fallo judicial y lo acataremos”, señaló un vocero institucional.
Mientras tanto, los vendedores piden que se les permita continuar con su actividad hasta que se logre una solución concertada, que contemple sus condiciones económicas y sociales. Aseguran que no se niegan a una reubicación, pero que esta debe ser justa, viable y construida de manera participativa.
