La investigación disciplinaria que aperturó la Procuraduría contra Laura Sarabia, exministra de Relaciones Exteriores, ha reabierto las controversias sobre la gestión del contrato de pasaportes y ha puesto en evidencia las fricciones internas que culminaron en su salida del Gobierno. Lejos de permanecer en silencio, Sarabia usó sus redes sociales para defenderse, asegurando que sus decisiones fueron transparentes, documentadas y alineadas con las directrices del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.
En un mensaje en su cuenta de X, la exfuncionaria expresó su disposición a colaborar con la Procuraduría, destacando que desde marzo solicitó el acompañamiento de este organismo y de la Contraloría, y afirmó que todas sus acciones estuvieron respaldadas por instrucciones presidenciales. Esta declaración cobra relevancia en el contexto de las supuestas irregularidades en la emisión de pasaportes, un asunto que ha mantenido su nombre en el centro de la controversia política. Para algunos, su renuncia fue una maniobra para eludir responsabilidades; para otros, reflejó discrepancias con las decisiones de Petro.
Sarabia, una figura clave en el Gobierno Petro, ha estado vinculada a decisiones estratégicas y polémicas. Tras un breve retiro por acusaciones de abuso de poder, regresó rápidamente, ocupando cargos en el Departamento para la Prosperidad Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia y, finalmente, la Cancillería, donde nuevamente enfrenta cuestionamientos por el tema de los pasaportes. Cada paso la acercó al núcleo de poder, pero también la expuso a críticas constantes.
El núcleo del conflicto radica en el contrato con Thomas Greg & Sons, encargado históricamente de la impresión de pasaportes. Petro buscó trasladar esta función a la Imprenta Nacional con apoyo de Portugal, pero Sarabia consideró esta iniciativa inviable, argumentando que la capacidad de la entidad no alcanza para producir 8.000 pasaportes diarios. Esta postura generó tensiones que llevaron a su salida, cediendo el manejo del asunto a Alfredo Saade, jefe de despacho conocido por su cercanía con el presidente y su discurso polémico. Saade asegura estar avanzando con Portugal para implementar un nuevo modelo, aunque persisten dudas sobre su viabilidad antes del vencimiento del contrato con TGS el 1 de septiembre.
La Procuraduría, por su parte, inició una indagación contra Sarabia, Luis Gilberto Murillo y Saade, incluyendo inspecciones en la Cancillería y la Imprenta Nacional. Aunque la investigación está en fase preliminar, los indicios sugieren que la Imprenta carece de la infraestructura necesaria para asumir esta responsabilidad a corto plazo, lo que podría agravar la polémica.
