El futuro de la expedición de pasaportes en Colombia se encuentra en vilo a medida que se acerca la fecha límite del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, actual responsable del proceso. La situación se torna compleja tras la demanda interpuesta por la compañía contra el Estado colombiano por un valor de $117.000 millones, y la negativa del Gobierno a adjudicar contratos en licitaciones con un solo oferente.
Con el objetivo de evitar una posible crisis, la Cancillería ha convocado a la empresa a mesas técnicas para buscar una solución que garantice la continuidad del servicio a partir del 3 de octubre, fecha en la que finaliza el contrato actual.
La posibilidad de una extensión temporal del acuerdo con Thomas Greg & Sons está sobre la mesa, mientras que el Gobierno busca destrabar la compleja situación que ha generado controversia y acusaciones de favoritismo.
En paralelo, la Cancillería avanza en la Fase 2 de su plan para la expedición de pasaportes, que contempla una alianza público-privada con un actor internacional. Países como Alemania, Austria, Canadá, Portugal, Francia y Países Bajos han presentado ofertas para participar en este proceso que culminaría en 2025 con la Imprenta Nacional a cargo de la producción.
El ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo, ha asegurado que no habrá afectaciones en la expedición de pasaportes y que su equipo trabaja arduamente para garantizar la normalidad del servicio. Sin embargo, la incertidumbre persiste mientras no se concrete un acuerdo definitivo con Thomas Greg & Sons o se adjudique el nuevo contrato para la Fase 2 del proceso. La Procuraduría y la Contraloría General de la Nación estarán vigilantes para garantizar la transparencia en el proceso.
