Una jueza de Bogotá declaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez culpable, en primera instancia, de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La magistrada Sandra Liliana Heredia consideró que existían elementos suficientes para imponerle una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa cercana a los 2.400 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
Aunque el castigo superó la petición inicial de la Fiscalía —que había solicitado nueve años de reclusión—, la decisión no quedó en firme, ya que la defensa del exmandatario anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El documento judicial, que supera las mil páginas, establece que Uribe debe comenzar a cumplir su condena desde su finca en Llanogrande, Rionegro, bajo supervisión estatal. La jueza argumentó que, a pesar de no representar un peligro, era necesario restringirle la libertad de manera inmediata para preservar la confianza ciudadana en la justicia y evitar la idea de que las figuras públicas están por encima de la ley.
En su exposición, Heredia indicó que el acusado cumplía con los requisitos legales para la reclusión en su lugar de residencia, y explicó que esta modalidad no lo exime de cumplir condiciones estrictas: no podrá mudarse sin permiso, deberá responder a las citaciones de las autoridades y permitir controles regulares en su domicilio.
La jueza también subrayó que el fallo tiene un carácter ejemplarizante, al referirse al efecto social de permitir que alguien con alta visibilidad pública permanezca libre pese a una sentencia condenatoria.
Esta condena marca un hecho inédito: es la primera vez en la historia reciente del país que un expresidente es hallado culpable en un proceso penal. La acusación se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema decidió investigar si Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, había intentado manipular testimonios para desligarse de presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Luego de que el caso pasara a manos de la Fiscalía por la renuncia de Uribe al Senado en 2020, se realizaron dos intentos fallidos de cerrarlo. Finalmente, se llevó a juicio, y tras 67 jornadas de audiencia, se dictó el fallo.
La jueza concluyó que había evidencia suficiente de que Uribe influyó de forma determinante para inducir a varios testigos —entre ellos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez— a modificar sus versiones.
Por su parte, el abogado Jaime Granados aseguró que ya están preparando la apelación y recordó que su cliente conserva la presunción de inocencia, mientras no haya una sentencia definitiva. Según él, Uribe ha asumido con responsabilidad su defensa y confía en que el proceso terminará resolviéndose a su favor.
