La Procuraduría ha iniciado una indagación previa contra ciertos funcionarios del Ministerio de Hacienda, ante posibles irregularidades en la emisión del decreto que establece el Presupuesto General de la Nación para este año. El ente de control busca esclarecer si se obviaron pasos en el proceso normativo para asignar los $13 billones destinados.
Según informes de medios de comunicación, se ha sugerido la existencia de evidencia que respalda las supuestas anomalías en la clasificación y definición de los gastos dentro del documento. Por ello, la investigación también abordará por qué inicialmente se afirmó que no había claridad sobre el destino de los recursos, así como si los cambios realizados durante el proceso legislativo fueron incorporados en la versión final del presupuesto.
La revisión se centrará en el Decreto 2295 de 2023, que detalla los gastos presupuestarios para 2024, junto con varios documentos técnicos y normativos fusionados en uno solo.
La Procuraduría considera que esta fusión podría haber contravenido los lineamientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece los procedimientos para su emisión. Además, se investigará la gestión del acta que debía ser realizada por la secretaría técnica del Consejo de Ministros, pero que al parecer no se llevó a cabo a tiempo debido a la falta de conocimiento por parte de los funcionarios sobre esta responsabilidad.
Según la Procuraduría, esto habría resultado en la pérdida de algunas conclusiones sobre la emisión del presupuesto. Con estas acciones, se busca determinar si se cometió una falta disciplinaria y quiénes están involucrados en el caso.
