El futuro de las residencias universitarias en el edificio Asturias, en Armenia, permanece en un limbo jurídico y político, tras una serie de pronunciamientos que evidencian profundas diferencias entre la Gobernación del Quindío, la Universidad del Quindío, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y sectores políticos del departamento.
Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío, aseguró que la edificación ofrecida por la SAE para el desarrollo del proyecto aún se encuentra en proceso de extinción de dominio. “Al no tener una situación jurídica definida, existe la posibilidad de que este inmueble deba ser devuelto a su propietario en cualquier momento”, afirmó. Galvis agregó que, bajo esas condiciones, la SAE impuso como cláusula inmodificable que el predio puede ser requerido con apenas cinco días de anticipación, lo que obligaría a desalojar a los estudiantes que llegaran a habitarlo.
El mandatario expresó su decepción al recordar que, pese al anuncio realizado por el ministro de Educación el 5 de septiembre de 2024 en Armenia sobre la cesión del edificio, la iniciativa no ha avanzado. “Lamentamos profundamente esta situación. Desde la Gobernación del Quindío y la Universidad del Quindío ratificamos nuestra disposición de seguir apoyando la materialización de este proyecto, pero es indispensable contar con garantías jurídicas claras”, subrayó.
En contraste, Luis Mauricio Urquijo, director territorial de Occidente de la SAE, calificó de sorpresiva y lamentable la decisión de la Gobernación y de la Universidad de retirarse del proyecto. “Hace más de un año veníamos trabajando arduamente junto con estas entidades y el movimiento estudiantil. El inmueble se ofreció en comodato, y así fue solicitado por ambas partes desde febrero del 2024. Siempre se informó con total transparencia que estaba en proceso de extinción de dominio”, explicó.
Urquijo defendió la figura del comodato como una solución legal válida y ampliamente utilizada por entidades públicas para evitar gastos de arriendo. “El gobierno del cambio ha estado firme y no le va a fallar a los estudiantes de la universidad pública. Esta excusa no corresponde a la realidad y no debería ser motivo para que el proyecto fracase”, señaló.
A esta controversia se sumó la diputada del Quindío, Jessica Obando, quien fue enfática al señalar que tanto el gobernador como el rector de la Universidad del Quindío “mienten” al argumentar falta de seguridad jurídica. “Ambos sabían desde el inicio que el proceso de extinción estaba vigente y que el comodato tenía una vigencia máxima de cinco años. Esto no es un asunto legal, es una decisión política”, manifestó. Obando exigió al rector que firme el comodato y garantice los derechos del estudiantado.
Por ahora, el proyecto de residencias universitarias sigue en pausa, mientras crecen las tensiones entre las instituciones involucradas y persisten las expectativas de los estudiantes que, desde hace más de siete meses, esperan una solución concreta.
