En medio de un proceso de investigación, se han señalado deficiencias en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Quindío durante el 2023, lo que ha puesto en el centro de la polémica a dos exfuncionarios del departamento: el exgobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas y la exsecretaria de Educación Ana María Giraldo Martínez. Ambos están siendo investigados por no garantizar que el servicio de alimentación para los estudiantes comenzara puntualmente desde el inicio del calendario escolar.
Los hechos que motivaron la apertura del pliego de cargos se remontan a la demora en la contratación del operador del PAE, que recién fue seleccionada a finales de diciembre de 2022, cuando según las directrices nacionales, este proceso debía estar finalizado antes. El retraso en la planificación llevó a que el servicio de alimentación solo se pusiera en marcha a finales de febrero de 2023, casi un mes después del inicio de clases, afectando a miles de niños y adolescentes que dependen de este apoyo alimentario.
Según la Procuraduría, esta demora en la ejecución del programa tuvo un impacto directo en los derechos fundamentales de los estudiantes, ya que el acceso oportuno a la alimentación es clave para garantizar su derecho a la educación y a un desarrollo adecuado. La falta de justificación por parte de la administración para no cumplir con los tiempos establecidos es uno de los aspectos más graves que se investigan en este caso.
Además, el órgano de control ha destacado que las directrices de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) fueron claras al exigir que todos los departamentos tuvieran contratados los servicios de alimentación antes de que finalizara el año. No obstante, en el Quindío, la administración habría actuado con negligencia al no tramitar con suficiente antelación la solicitud de los recursos ante la Asamblea Departamental, lo que desencadenó el retraso en la prestación del servicio.
El Ministerio Público ha calificado las acciones de los exfuncionarios como una falta grave cometida bajo el criterio de culpa gravísima, lo que indica que las sanciones podrían ser considerables. Mientras avanza el proceso de investigación, tanto Jaramillo como Giraldo deberán responder por las presuntas omisiones que afectaron a los estudiantes del departamento.
