Este martes, el presidente Gustavo Petro trinó un extenso hilo en su cuenta de X para hablar de la crisis del sistema de salud, justo cuando hospitales y clínicas volvían a encender las alarmas por el recién estrenado Decreto 572 de 2025, que cambia la retención en la fuente para varios servicios hospitalarios y, según los gremios, podría ahondar la quiebra del sector.
Petro arranca señalando que la deuda de las EPS no es “solo” la cifra oficial de $33 billones que difundió la Contraloría, sino que, si se actualizara todo el pasivo histórico a pesos de 2025, la suma superaría los $100 billones. No ofrece, sin embargo, la metodología detrás de esa estimación.
La Contraloría, por su parte, desagrega los $33 billones así:
– $13,9 billones ya están facturados y conciliados.
– $9,7 billones corresponden a servicios prestados pero aún no facturados (sujetos a auditoría y ajustes).
– cerca de $9 billones más provienen de la Nueva EPS, cuyos estados financieros de 2023-2024 no han sido auditados.
Ana María Vesga, directora de ACEMI, insiste en que antes de lanzar cifras definitivas hay que contrastar los datos de hospitales, EPS y ADRES, porque las cifras rara vez coinciden.
El panorama se complica con la última radiografía de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC): a diciembre de 2024 las IPS afiliadas al gremio reportan una cartera vencida de $20,3 billones, 6,9 % más que en el semestre anterior.
Petro, desde su visión, culpa a la “intermediación financiera” de las EPS: “Quizás el mayor desfalco en la historia de la Nación”, afirma, y asegura que los dueños de las EPS y los gestores farmacéuticos se quedaron con el dinero mientras los hospitales y clínicas se desangran. Según el mandatario, de 157 EPS creadas tras la Ley 100 solo dos pequeñas subsisten solventes, y el 89 % de los afiliados estaría hoy “sin asegurador real” porque no existen reservas técnicas.
Los números oficiales muestran que de las 157 EPS autorizadas efectivamente solo 29 siguen activas; de ellas, 12 están intervenidas y solo 6 cumplen íntegramente los requisitos de capital, patrimonio y reservas. Eso deja al 10,9 % de los usuarios en EPS “óptimas” y al 89,1 % en entidades con indicadores financieros críticos.
El Gobierno y los expertos discrepan sobre la raíz del problema. Para la administración Petro el mal manejo administrativo es clave; para otros, la UPC (Unidad de Pago por Capitación) no cubre los costos reales, lo que fue advertido también por la Corte Constitucional al analizar la liquidación de Sanitas.
Cuando una EPS se liquida, la deuda hospitalaria suele quedarse en el aire. El informe ACHC revela que, de los $20,3 billones adeudados, $2,4 billones provienen de EPS ya liquidadas o fusionadas. Además, la cartera de los operadores farmacéuticos llegó a $2,8 billones a finales de 2024; aunque el Gobierno giró $13,3 billones durante el año, las facturas ascendían a $14,7 billones, de modo que el hueco creció en $1,4 billones, prácticamente duplicando el saldo de 2023.
Petro también acusa a los “pocos gestores farmacéuticos” de haberse “cartelizado” para inflar precios y acaparar medicamentos. Según él, el Estado ya paga el 90 % de los fármacos importados y los de las tres patologías más costosas, pero los pacientes no los consiguen o se los niegan, lo que dispararía las quejas ciudadanas. Sin embargo, la Supersalud no ha confirmado ese “cartel”, y expertos como Jaime Hincapié explican que la concentración de grandes gestores también trae eficiencias por economía de escala.
Las cifras de PQR (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) contradicen la versión oficial sobre la “baja” de reclamos: pasaron de 1,3 millones en 2023 a 1,6 millones en 2024 (+13 %). La Nueva EPS encabeza el ranking con 323.682 casos. El 91 % de las PQR se originan en barreras de acceso a servicios y tecnologías; cerca del 21 % (278 mil casos) son por demoras o negación de medicamentos. Además, las EPS intervenidas tienen un índice de quejas del 45,3 % frente al 40,9 % de las no intervenidas, lo que sugiere que el problema es sistémico.
En el tramo final de su hilo, Petro denuncia un “caos predeterminado de manera criminal” para hundir su reforma sanitaria y la compara con la estrategia que —según él— usaron contra Salvador Allende para proteger “el monopolio privado sobre los medicamentos”. La reforma sigue detenida en la Comisión Séptima del Senado: mientras el oficialismo insiste en el texto aprobado por la Cámara, senadores como Berenice Bedoya proponen alternativas que extienden la transición y fortalecen la gestión de recursos.
Petro cierra advirtiendo que, si no prospera la reforma, debería aplicarse la ley y la Constitución para intervenir todo el sistema y reconvertir a las EPS “en algo distinto a aseguradoras”.
